Los cambios en el régimen de los Alojamientos Locales (AL) introducidos por el Decreto-Ley 76/2024 entraron en vigor el 1 de noviembre de 2024. Estos cambios implementados por el nuevo gobierno tenían como objetivo equilibrar la actividad turística con las necesidades de vivienda, dar mayor autonomía a las autoridades locales y establecer criterios claros para regular y supervisar el sector.

Veamos qué ha cambiado.

Mayor autonomía para los municipios

Los municipios tendrán potestad para elaborar sus propios reglamentos administrativos, adaptados a las especificidades locales. Estos reglamentos definirán los procedimientos y medios de actuación de las AL, permitiendo tomar decisiones más acordes con las realidades habitacionales y turísticas de cada territorio.

Los municipios con más de 1.000 establecimientos de AL registrados tendrán hasta 12 meses para decidir si asumen esta potestad reglamentaria. Este reglamento también podrá prever la creación de zonas de contención o de crecimiento sostenible, según sea necesario.

Condiciones de cancelación de las inscripciones

El decreto-ley establece criterios específicos para la cancelación de los registros de LA, como la falta de un seguro obligatorio válido o las perturbaciones reiteradas del uso normal del edificio. Estas medidas aportan mayor claridad al proceso y tratan de mitigar los conflictos entre residentes y operadores de LA.

Introducción del defensor del LA

La normativa municipal podría incluir la figura de un «defensor de la vivienda de alquiler», cuya función será mediar en los conflictos entre residentes, operadores de viviendas de alquiler y condóminos. Este defensor podrá evaluar quejas, emitir recomendaciones y promover buenas prácticas para el sector.

Ajustes de la capacidad máxima

Se ha ajustado la capacidad máxima de los establecimientos de AL. Ahora cada unidad puede alojar hasta 27 huéspedes (antes 30), aunque se mantiene el límite de nueve habitaciones. Se permiten camas convertibles o supletorias, siempre que no superen el 50% del número de camas fijas existentes.

La Asociación Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) elogió las nuevas competencias de las autoridades locales, pero subrayó la importancia de garantizar recursos financieros y formación técnica para aplicar eficazmente estas medidas.

Con estas nuevas normas, el gobierno pretende crear un equilibrio entre la oferta de alojamiento local y la preservación del entorno de la vivienda, reforzando la autonomía local y la protección de las comunidades.